Un caso grave de criminalidad en el ejercicio de la función pública fue protagonizado por la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegado en Sacatepéquez, el abogado Carlos Francisco Azurdia Castellanos. Ocurrió todo en medio de un pleito de dos extranjeros por la patria potestad de la hija que procrearon hace seis años.
Por las disputas y el acoso, la italiana Rosa María Bruni, una calificada neuróloga y siquiatra infantil, decidió venir con su hija Luna María Celeste, a vivir a Antigua Guatemala. Un par de días antes del día del Cariño, se apareció el padre de la niña, el alemán Peter Tinnemann, con un séquito de periodistas y diplomáticos. Tinnemann acusó de maltrato infantil a su ex esposa ante un tribunal de Paz de Antigua. Después de que la juez escuchará a las partes decidió otorgar la guarda y custodia de la menor a la Dra. Bruni y el traslado del caso al tribunal de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Chimaltenango. Eso fue el viernes 15 de febrero pasado.
A pesar de que Azurdia Castellanos participó en tal audiencia, y conoció la resolución judicial, y firmó las actas como delegado de la Procuraduría, en abuso del derecho, incumplimiento de funciones e incurrencia en delitos como el de falsedad ideológica, se presentó con manifiesta mala fe ante otro juez de Paz –el de Ciudad Vieja- el lunes siguiente, 18 de febrero, a solicitar el cateo de la residencia de la señora Bruni, porque “la niña Luna María Celeste no aparecía”.
Por las disputas y el acoso, la italiana Rosa María Bruni, una calificada neuróloga y siquiatra infantil, decidió venir con su hija Luna María Celeste, a vivir a Antigua Guatemala. Un par de días antes del día del Cariño, se apareció el padre de la niña, el alemán Peter Tinnemann, con un séquito de periodistas y diplomáticos. Tinnemann acusó de maltrato infantil a su ex esposa ante un tribunal de Paz de Antigua. Después de que la juez escuchará a las partes decidió otorgar la guarda y custodia de la menor a la Dra. Bruni y el traslado del caso al tribunal de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Chimaltenango. Eso fue el viernes 15 de febrero pasado.
A pesar de que Azurdia Castellanos participó en tal audiencia, y conoció la resolución judicial, y firmó las actas como delegado de la Procuraduría, en abuso del derecho, incumplimiento de funciones e incurrencia en delitos como el de falsedad ideológica, se presentó con manifiesta mala fe ante otro juez de Paz –el de Ciudad Vieja- el lunes siguiente, 18 de febrero, a solicitar el cateo de la residencia de la señora Bruni, porque “la niña Luna María Celeste no aparecía”.
El allanamiento fue un infame abuso, sin ningún sentido procesal, puesto que el caso había sido trasladado a un juzgado de Primera Instancia de Chimaltenango (donde se celebró audiencia, el 27 de febrero). Eso sí, en el abusivo cateo desaparecieron valiosas pertenencias de la Dra. Bruni; un hurto agravado del cual son responsables el Juez de Paz de Ciudad Vieja y el delegado de la Procuraduría, Carlos Francisco Azurdia Castellanos. El procurador General, Mario Gordillo Galindo, responsable del funcionamiento de la institución es corresponsable de la actuación de sus delegados, por lo que tendría que empezar con la pronta destitución de Azurdia Castellanos, antes que la ley caiga sobre todos los que incumplen sus deberes y cometen graves ilícitos en ejercicio de la función pública.
No hay comentarios:
Publicar un comentario